Luego de la entrada en vigor del Decreto 30 de 2021 del Consejo de Ministros, las transgresiones muestran un rostro diferente. Es débil aún el trabajo de las estructuras municipales
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La tendencia a modificar los precios establecidos con intención de sacarle provecho al bolsillo popular ha sido constatada en territorio espirituano con particular énfasis desde que, a finales de noviembre pasado, se emprendiera en el país una cruzada contra los llamados coleros, revendedores y acaparadores de productos.
Norbelio Guerra Angulo, jefe del grupo provincial de enfrentamiento a precios especulativos y abusivos, estructura adscrita al Gobierno Provincial, explicó a Escambrayque desde entonces y hasta el cierre del 15 de febrero se habían realizado más de 6 000 acciones de supervisión y control, como resultado de lo cual se cuantificaban, al concluir enero, un total de 3 530 multas, por un valor de 693 700 pesos.
De ellas, significó la fuente, 1 020 correspondían a puntos de la Agricultura Urbana, 877 a unidades del Comercio y la Gastronomía, 61 a los Mercados Agropecuarios Estatales, 18 a cadenas de tiendas en divisas y 362 a trabajadores por cuenta propia. En lo que concierne a vendedores ilegales, informó, les fueron impuestas 1 213 multas.
Contando desde el Día Cero de la Tarea Ordenamiento, cuando comenzaron a regir los nuevos precios, se han incrementado las acciones del mencionado grupo, que acumulaba hasta el pasado lunes 1 571 supervisiones. En la mayoría de las mismas (83.6 por ciento) se pudo detectar violaciones de lo establecido, en concordancia con lo cual habían sido aplicadas 1 311 multas, por un valor de 509 935 pesos.
De acuerdo con los datos ofrecidos por Guerra Angulo, las infracciones más representativas se concentraron en los puntos de venta de la Agricultura Urbana y los trabajadores por cuenta propia, a los que siguieron las entidades del Comercio y la Gastronomía.
“El grupo provincial ha realizado un amplio programa de visitas, intercambios y preparación, con vistas a la aplicación del nuevo decreto, que entró en vigor el primero de febrero, pero no fue hasta el día 9 de este propio mes que se comenzó con la aplicación de las contravenciones, ya que en los anteriores nos dedicamos a la capacitación y a la divulgación de su contenido”, declaró.
Esta propia labor ha permitido, en aras de contrarrestar las violaciones y evitar otras, que se retirara cerca de una veintena de licencias a cuentapropistas, así como se suspendieran numerosas licencias operativas de transporte, y se sustituyera un grupo de representantes de puntos de venta de la Agricultura Urbana, en tanto a otros se les cerró el contrato, como es el caso de 14 que operaban en casas particulares de Trinidad y alteraban los precios.
En Yaguajay se eliminaron 183 puntos móviles de la Agricultura Urbana, por violar lo establecido.
Con la entrada en vigor del Decreto 30 de 2021 del Consejo de Ministros, especificó el funcionario, se habían impuesto hasta mediados de mes 47 multas, por un valor de 203 070 pesos; mayormente en puntos de venta de productos agropecuarios, cuentapropistas y unidades del Comercio y la Gastronomía.
Si bien el grupo provincial se mantiene desarrollando el trabajo de enfrentamiento en los diferentes territorios, incluidos asentamientos y consejos populares, alegó Norbelio, es bajo aún el enfrentamiento por parte de las estructuras homólogas municipales.
“Las violaciones han cambiado, ahora en lugar de violar los precios la tendencia que apreciamos consiste en alteraciones en el pesaje de los productos”, apuntó.
Según agregó la propia fuente, ante la Policía Nacional Revolucionaria habían sido radicadas 139 denuncias, las cuales correspondían a actividad económica ilícita, acaparamiento, receptación e infracción de normas de protección al consumidor.
Se ha operado igualmente, dijo, contra cinco casos de tráfico de divisa; y se han realizado 73 decomisos, sobre todo de cebolla y tomate; aunque también de pepino, col, ají pimiento y boniato.
Otra de las vías mediante las cuales se conoce acerca de las irregularidades que atentan contra el nivel de vida de la ciudadanía, al acarrearle gastos indebidos, son las quejas que se formulan a través de los teléfonos habilitados, en la mayoría de cuyos casos se comprobó que había razón en los planteamientos. (Tomado de Escambray).