El abogado Carlos Poveda, miembro del equipo legal de Julian Assange, consideró irregulares las acciones del Gobierno de Ecuador que revisa para incautar pertenencias del australiano en la embajada de Quito en Londres.
‘Han rechazado absolutamente todo’, advirtió y mencionó incluso que denegaron una petición hecha el fin de semana por el relator especial de Naciones Unidas para los derechos de privacidad, de estar presente en la diligencia, iniciada esta jornada.
La identificación e incautación de los bienes dejados por el fundador de Wikileaks en la habitación de la embajada de Quito en Londres, donde estuvo asilado desde 2012 hasta el 11 de abril de 2019, cuando el Gobierno nacional puso fin a su condición se enmarca en un pedido de asistencia de Estados Unidos, que busca enjuiciar al australiano por supuestos delitos informáticos.
‘Este es un asunto mucho más irregular ya que Ecuador es miembro en Naciones Unidas del Comité Permanente de Derechos Humanos y esto también es una especie de desacato a nivel internacional’, recalcó a la salida de la Contraloría General del Estado, donde se leyó un informe preliminar sobre un examen al proceso de naturalización del ciberactivista, que también se le retiró.
Al respecto, insistió en que esta nación andina, a pesar de pertenecer a ese comité de Naciones Unidas, desoyó un pedido que el relator especial de derechos de la privacidad había solicitado.
En su criterio, la postura del ejecutivo es contraria a cualquier normativa internacional.
La víspera, Poveda alertó que las autoridades ecuatorianas incautarán y reconocerán documentos de la defensa legal, datos de salud, medios probatorios que sirven para su defensa, así como pertenencias de su ejercicio periodístico.
Previo al proceso recién iniciado, el letrado entregó a la Fiscalía General del Estado un documento en el cual manifestó oposición a la diligencia.
Asimismo, alertó que sin la presencia de Assange o de algún miembro de su defensa, no hay seguridad de que los bienes evaluados y confiscados sean realmente del programador, responsable de la difusión de miles de documentos clasificados de Washington en el portal web WikiLeaks.
Tras perder el asilo y la naturalización, Assange fue detenido y posteriormente condenado por la justicia británica a 50 semanas de cárcel por violar su libertad provisional en 2012, cuando acudió a la misión diplomática de Ecuador en Londres. Sobre él pesa ahora un pedido de extradición por parte de Estados Unidos, que lo podría condenar hasta con la pena de muerte, así como una solicitud de detención de Suecia, donde sería procesado bajo sospecha de violación. (Agencia Prensa Latina)