El Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF-4) programó para el 25 de marzo el juicio de apelación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva contra la condena en el caso conocido como Atibaia, confirmaron hoy fuentes judiciales.
Tal recurso presentado por la defensa del exdirigente obrero es por un embargo de declaración, que solicita la revisión de dudas, revisiones o contradicciones en la sentencia que lo condenó.
En noviembre Lula fue penado en segunda instancia a 17 años, un mes y 10 días por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero. En primera instancia había sido condenado a 12 años y 11 meses.
Al expresidente se le acusa de haberse beneficiado de presuntos sobornos de empresas constructoras que habrían reformado y decorado un sitio en Atibaia, en el interior de Sao Paulo, utilizado por su familia.
‘Necesitamos analizar los votos, ver los errores factuales cometidos y decidir qué recurso interpondremos, si será en el ámbito del TRF-4 o si será ya en los tribunales superiores’, afirmó en noviembre el abogado Cristiano Zanin, parte de la defensa del exmandatario.
Por unanimidad, el TRF-4 negó el pedido de anular la sentencia en primera instancia por Atibaia.
El relator de la operación Lava Jato en el TRF-4, João Pedro Gebran Neto, votó a favor de aumentar la condena y los jueces Leandro Paulsen y Eduardo Thompson Flores Luz concordaron plenamente con la votación.
Para los tres magistrados, Lula se benefició de las obras por unos 235 mil dólares que las constructoras Odebrecht y OAS hicieron en una finca en Atibaia, a cambio de favorecer a las empresas en contratos con la estatal Petrobras.
Al respecto, Zanin consideró incompatible el fallo del TRF-4 con lo que dice el Supremo Tribunal Federal (STF) sobre el orden de las alegaciones finales en los casos.
‘La decisión resulta incompatible con el STF al definir que es necesario dar a la defensa de los delatados para hablar después de los delatores’, dijo.
La principal petición de la defensa del fundador del Partido de los Trabajadores fue la anulación del proceso.
Uno de los argumentos utilizados fue la reciente determinación del Supremo de que los acusados que no son denunciantes, caso del expresidente, deben presentar alegaciones finales en último término. (Agencia Prensa Latina)