Tres años después del estallido social en Chile, muchas de las demandas de la ciudadanía siguen hoy sin respuesta, entre ellas el avance hacia una Constitución que sustituya a la vigente desde la época de la dictadura
El 18 de octubre de 2019 comenzó en esta capital un movimiento, impulsado por estudiantes, contra el alza de la tarifa del metro, que posteriormente se extendió por todo el país y demostró el descontento de la población con el modelo neoliberal.
Las revueltas de octubre fueron violentamente reprimidas por los Carabineros y fuerzas militares, con saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños oculares producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas.
Un informe anual de derechos humanos de la Universidad Diego Portales señala que de ocho mil 593 causas ingresadas contra agentes del Estado hasta abril de este año, solo 75 fueron formalizadas.
Entre estas últimas se encuentran 35 por el delito de apremios ilegítimos, cinco por lesiones graves, 18 por vejaciones injustas y seis por torturas.
Las protestas, consideradas las más grandes desde el fin de la dictadura en 1990, abrieron el camino para iniciar un proceso constituyente, pero una propuesta de carta magna elaborada por convencionales electos fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre.
El Congreso Nacional dirige en estos momentos las conversaciones con los principales partidos políticos para avanzar hacia un itinerario que conduzca a una nueva carta magna.
Hasta ahora parece haber consenso en cuanto a la definición del Estado como unitario y descentralizado, la existencia de tres poderes separados e independientes, el reconocimiento a los pueblos indígenas, el cuidado del medioambiente y el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones.
Pero existen diferencias en temas sustanciales como la composición del órgano encargado de redactar la propuesta, el papel de los expertos, los escaños reservados y los plazos del proceso. De hecho, la derecha se negó a sellar un pacto este mes de octubre cuando se cumplen los tres años del estallido.
Al recordar el aniversario de aquellos sucesos, el presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que el malestar expresado por el pueblo sigue vigente y afirmó que su Gobierno trabaja para dar soluciones a problemas urgentes como la salud, las pensiones, la seguridad y el costo de la vida.
En la presente jornada están convocadas manifestaciones en la bautizada como Plaza de la Dignidad y en otras partes de Santiago, para lo cual las autoridades desplegarán un fuerte dispositivo de seguridad.
Esta es la primera conmemoración de estallido bajo el gobierno de Boric, un exlíder estudiantil que participó en la firma del Acuerdo por la Paz Social que dio inicio al proceso constituyente. (Agencia Prensa Latina).