El ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, denunció hoy los vínculos entre la jueza María Eugenia Capuchetti y el partido opositor Propuesta Republicana (PRO)
Capuchetti está a cargo de la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández, quien la acusó de entorpecer las indagaciones cuando aparecieron las primeras pruebas de la implicación de miembros del PRO en sucesos relacionados con el hecho.
De acuerdo con la defensa de la exjefa de Estado, un testigo declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, ubicado cerca del Congreso de la Nación, escuchó decir al diputado Gerardo Milman: Cuando la maten, voy a estar camino a la costa.
Milman es integrante del PRO y manejó el área de inteligencia durante su período como vicetitular de Seguridad cuando la dirigente de esa organización, Patricia Bullrich, era ministra de Defensa, durante la gestión del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).
Capuchetti está contratada por el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, desde 2019 en un órgano encargado de asesorar al Ministerio de Justicia y Seguridad de esta capital. Los vínculos económicos y políticos entre Comodoro Py (Tribunales Federales) y el PRO parecen no tener límite, señaló Soria.
Desde hace cuatro años, la jueza encargada de investigar el ataque a Fernández, la mesa judicial macrista y la criminal deuda del expresidente con el Fondo Monetario Internacional, cobra un sueldo mensual de “investigadora”, añade.
Asimismo, indicó que ello ocurre pese a que los jueces tienen prohibida toda actividad, con excepción de la docencia.
¿De qué se trata el Instituto Superior de Seguridad Pública que emplea a Capuchetti y tiene como autoridad al fiscal Juan Bautista Mahiques? No se le conoce una sola investigación ni publicación científica, apuntó el ministro en la red social Twitter.
Asimismo, hizo referencia a la participación de Mahiques en dádivas y otros delitos conocidos tras divulgarse un viaje realizado por él y otros funcionarios a Lago Escondido.
El Decreto-Ley 1285/58 establece la incompatibilidad de “la magistratura judicial con toda actividad política” y “cualquier actividad profesional”. Ejercer funciones de supuesta investigadora es llanamente ilegal, explicó Soria.
Mantener una relación remunerada para asesorar a la máxima autoridad política de la justicia y seguridad de esta ciudad no tiene nada que ver con la docencia. Desbordan las relaciones promiscuas y corruptas entre el PRO y algunos jueces federales de Comodoro Py, concluyó. (Agencia Prensa Latina).