La reforma de la Carta Magna plantea que el municipio será considerado la unidad política primaria y fundamental de la organización nacional
Por: Enrique Ojito Linares
Desde que el mundo es mundo, los árboles hacen el bosque. Desde esa perspectiva seminal, entiendo la jerarquía otorgada al municipio dentro de la organización territorial del Estado en Cuba en el Proyecto de Constitución.
No hay tiempo para circunloquios. Si usted revisa el artículo 163 del documento sometido a consulta popular, podrá leer, entre otras cuestiones, que el municipio, considerado la unidad política primaria y fundamental de la organización nacional, gozará de autonomía, lo cual no se erige como invento cubano.
A alguien cercano, verdadera esponja de escepticismo, le aclaré que tal precepto no había llegado en paracaídas al Proyecto de Reforma, y en un santiamén le puse entre sus manos los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. El número 17 de estos habla de “impulsar el desarrollo de los territorios a partir de la estrategia del país, de modo que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva (…)”.
Que dialoguen la Carta Magna y ese documento rector de la vida nacional resulta axiomático. Que para lograr la ansiada autonomía municipal habrá que injertar mucho cambio de mentalidad en quienes deben concretarla —cuadros dirigentes a todos los niveles, incluso en la propia ciudadanía— también se torna innegable.
Si colocamos frente a frente la Constitución actual y el Proyecto de la futura Ley de leyes, notaremos que en lo relacionado con los municipios se introducen cambios radicales.
¿Cuáles horcones o supuestos sostendrán la autonomía? Sin lesionar los intereses superiores de la nación, esta comprenderá en el municipio la elección de sus autoridades, la facultad para decidir sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las competencias que le corresponden, con arreglo a la legislación.
El municipio deberá purgarse de la excesiva centralización de decisiones venidas desde el nivel superior —comidilla de cuanto programa humorístico surge—, que ha maniatado el desarrollo local en cierto grado, más aún en aquellos lugares donde sus dirigentes siempre han esperado las orientaciones de arriba para proceder.
Nadie desecha la planificación central y la aprobación de las políticas generales. Un país no es un realengo. En consonancia con ello y para que realmente se constate un punto de inflexión hacia la autonomía municipal deberá suscribirse una norma jurídica —algunos expertos abogan por una Ley de municipios— que refrende la toma de decisiones a dicha escala.
Sin embargo, para que esa demarcación territorial funcione no basta con la definición de sus competencias; se precisa de financiamiento. En más palabras: el municipio deberá disponer de capacidad autónoma para el manejo de una parte de las finanzas locales. Ninguna otra autoridad conoce mejor dónde invertir o situar ese dinero.
Como Proyecto de ley de mínimos, el debatido por los cubanos brinda las coordenadas generales sobre este tema al referirse al municipio: “Cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la República, en función del progreso económico, el desarrollo social de su territorio y otros fines del Estado, bajo la dirección de una Asamblea del Poder Popular y su Consejo de la Administración”.
Como ha indicado más de un especialista, un ensayo de lo anterior se ha verificado a través del empleo a esa instancia de lo aportado al presupuesto por las entidades por concepto del pago (1 por ciento) de la contribución territorial para el desarrollo local.
Acerca de la viabilidad de la autonomía prevista, una inquietud ha ido de boca en boca: el municipio no está preparado para el cambio. Irrebatible verdad. Sin embargo, ¿la aprobación de una Constitución deberá estar sujeta a la creación de una escuela específica para ello y así formar cuadros capaces de llevar las riendas de su territorio?
Habría que coincidir con la doctora en Ciencias Sociológicas Mayra Espina Prieto, quien señaló a Cubadebate que estas cuestiones se aprenden haciendo sin obviar los espacios de superación existentes, “con normas claras, experiencias prácticas y control institucional y popular”.
Otra preocupación ha rondado a internautas que han expuesto sus opiniones en sitios web de prensa cubanos, y está relacionada con los desequilibrios que podría acentuar dicha autonomía entre municipios, si se consideran diferencias hoy visibles en cuanto a su capital industrial y desarrollo económico general.
Tamaña verdad supone un desafío de altura, no obviado en el Proyecto constitucional, donde se aclara: “La autonomía se ejerce de conformidad con los principios de solidaridad, coordinación y colaboración con el resto de los territorios del país”. En pieza clave para minimizar las disparidades devendrá el Gobierno Provincial, coordinador entre el Gobierno de la República y los municipios.
La autonomía real, no en papeles, será menos espejismo si cada actor social, incluida la ciudadanía, actúa desde sus funciones y no pone zancadillas al propósito, muy complejo per se. Y que no olviden que los municipios hacen la nación como los árboles, el bosque.
(Tomado de Escambray digital)