Para De Souza Oliveira, resulta ‘evidente la ineptitud de la queja’ porque Lula ‘está lejos de estos hechos específicamente, porque no tuvo participación en firmas ni contratos’.
También el juez consideró que existe evidencia de que el expresidente ‘no realizó o siguió el trabajo, y la descripción del delito y sus circunstancias no están suficientemente claras’.
En este proceso, el exsindicalista era acusado, junto con uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos, y otros dos culpados de asociación para delinquir, por presuntamente recibir pagos de Odebrecht a cambio de presiones para favorecer a la compañía con créditos que facilitarían contratos en Angola.
Desde el 7 de abril de 2018, Lula cumple prisión en la sede de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, tras ser condenado a 12 años y un mes de prisión por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, sanción que el Tribunal Superior de Justicia redujo a ocho años y 10 meses.
El expresidente niega todas las acusaciones y su defensa argumenta que prevalece una persecución política contra el fundador del Partido de los Trabajadores. (Agencia Prensa Latina)