El Senado boliviano abordará hoy el debate y aprobación del proyecto de ley Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, tras su aprobación por parte de la Comisión de Constitución.
El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un régimen excepcional y transitorio para la designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los tribunales departamentales y la realización de comicios generales.
En tal sentido, la normativa legal dejará sin efecto las elecciones del 20 de octubre último, en las cuales resultó ganador con el 47 por ciento de los votos el presidente Evo Morales, derrocado tres semanas después tras una ola de violencia opositora contra los sectores populares y miembros del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
La propuesta plantea, además, que la Asamblea Legislativa realizará un nuevo proceso de elección de los vocales del TSE en un máximo de 20 días desde la aprobación del Reglamento, para la posterior convocatoria a un nuevo proceso de votación ‘en el plazo más breve posible’, de acuerdo con fuentes parlamentarias.
El 10 de noviembre el legítimo presidente Evo Morales llamó a repetir las elecciones luego que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitiera un informe sobre supuestas irregularidades -hasta la fecha no comprobadas-, pero horas después se vio obligado a renunciar para evitar mayores enfrentamiento fratricidas en el país.
En declaraciones a Prensa Latina desde su asilo político en México, Morales afirmó que si una comisión internacional de la verdad demostrara la inexistencia de fraude en los referidos comicios, eso convertiría también a la OEA en golpista.
‘Si queda establecido que no hubo fraude, la derecha boliviana, los Estados Unidos y la OEA se robaron las elecciones camino al bicentenario’, manifestó.
El depuesto mandatario expresó su deseo de impedir que las autoridades de facto continúen matando a sus hermanos bolivianos, y por eso la convocatoria a un diálogo nacional incluyente. Su deber, dijo, es lograr la pacificación.
Tras la ruptura del orden constitucional en Bolivia, Morales devino objetivo de la persecución política y judicial por parte del gobierno golpista, que adelantó un proceso penal contra el líder indígena por los presuntos delitos de sedición y terrorismo, entre otros.
La administración de la presidenta de facto Jeanine Áñez basó su acusación en la grabación de una supuesta conversación telefónica entre el dignatario y un dirigente social.
‘Denuncio al gobierno de facto en Bolivia por crear un montaje con intención de hacerme un juicio internacional’, preció Morales la víspera a través de la red social Twitter.
El depuesto mandatario agregó que apelar a la manipulación judicial para encarcelar a líderes antiimperialistas, de izquierda y progresistas es algo que ya hicieron con Lula Da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y Rafael Correa en Ecuador.
‘A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos’, aseveró Morales.
En medio de este escenario, medios de prensa locales reportaron una disminución de la conflictividad en el país tras el levantamiento de varios puntos de bloqueo y la firma de un acuerdo entre el gobierno de facto y dirigentes de la Central Obrera Boliviana, entre otros sectores sociales, para instalar este sábado una mesa de diálogo para la pacificación.
La ola de represión desatada por las autoridades golpistas, la Policía y las Fuerzas Armadas con el empleo incluso de armamento letal, dejó saldo de 30 fallecidos y cientos de heridos, principalmente en la ciudad de El Alto y en Cochabamba, bastiones de las protestas en rechazo a la asonada. (Agencia Prensa Latina)