Por: Rafael Novoa Pupo
El 16 de septiembre de 1895 fue aprobada en los campos de la localidad de Jimaguayú, en la provincia de Camagüey, la Carta Magna de la República de Cuba en Armas, la cual dio forma jurídica al movimiento revolucionario generalizado en el centro y el oriente del archipiélago antillano. El documento fue inscrito en septiembre de 2015 en el Registro Nacional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO.
La Constitución refrendada, que regiría en Cuba durante dos años, establecía un gobierno centralizado como lo había planteado su antecesora de Guáimaro, pero a diferencia de ésta, unía en un sólo organismo los poderes legislativo y ejecutivo.
Denominado Consejo de Gobierno, la nueva institución encabezada por un presidente, dictaría las disposiciones relativas a la vida civil y política de la Revolución.
La Constitución de Jimaguayú quiso cerrar las contradicciones entre civiles y militares que había dejado abierta la Carta Magna de Guáimaro cuando depositó en la Cámara de Representantes toda la autoridad.
Ahora el Consejo de Gobierno sólo intervendría en la dirección de las operaciones militares cuando fuera absolutamente necesario a los fines políticos.
Consolidada la guerra en Oriente, Camagüey y Las Villas, durante los días 13 y 16 de septiembre de 1895, se reunieron en Jimaguayú, histórico sitio de la demarcación camagüeyana, los representantes de los revolucionarios cubanos en armas para establecer las normas jurídicas por las que la pujante Revolución, continuaría su senda hasta la victoria.
Fue el Generalísimo Máximo Gómez quien escogió el lugar, donde en 1873 había caído en combate por la libertad, el Mayor General Ignacio Agramonte.
Allí el ilustre dominicano situó sus tropas para proteger a los que habían de reflexionar sobre la Carta Magna que habría de suceder a la Constitución de Guáimaro de 1869.
En un rústico bohío sesionó el Parlamento; su presidente fue el Marqués de Santa Lucía, el rico hacendado camagüeyano Salvador Cisneros Betancourt, hombre con sobrado prestigio que al estallar la Guerra de los Diez Años abandonó comodidades y título, les dio la libertad a sus esclavos, y puso sus bienes a disposición de Cuba y su independencia.
La Constitución de Jimaguayú estableció un gobierno centralizado que unió en un mismo órgano los poderes legislativo y ejecutivo; pero a partir del análisis de la experiencia de la precedida Constitución refrendada en Guáimaro, la nueva dejó relativamente libre al aparato militar con el fin de eliminar las fatales discrepancias que tanto daño habían ocasionado a la anterior contienda.
El Consejo de Gobierno encargado de decretar las disposiciones relacionadas con la vida civil y el devenir político de la República en Armas, solo mediaría en las operaciones de carácter militar cuando, por propósitos decididamente gubernativos, esta intervención resultara imprescindible, condición que determinó su relevancia.
Encabezado por Cisneros Betancourt, el Consejo quedó integrado por Bartolomé Masó como vicepresidente. Tomás Estrada Palma, quien a la muerte de José Martí asumió la dirección del Partido Revolucionario Cubano, fue nombrado ministro para asuntos de política exterior. Los puestos de General en Jefe del Ejército Libertador y de Lugarteniente General recayeron en Gómez y Antonio Maceo, respectivamente.
Fue el propio jefe de las fuerzas militares, el dominicano Máximo Gómez quien, en acto solemne, proclamó el Gobierno constituido en la manigua. A partir de esos momentos el trabajo conjunto facilitó las acciones por la independencia, y jurídicamente también pudo accederse al reconocimiento del Gobierno de Cuba Libre a escala internacional.
De este modo, las aspiraciones de José Martí, paradójicamente caído en Dos Ríos antes de ver concretada la institución revolucionaria que él quiso para darle a la causa de la independencia formas organizativas más democráticas, se convirtió, en definitivas, en un acto viable que definió, en buena medida, la madurez de la Guerra iniciada en el 95. Hoy se sabe que soñaba con una República donde la ley primera fuera el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Y con construir una sociedad “Con todos y para el bien de todos”.
Oficializada la República en Armas, los preparativos para extender la guerra a todo el territorio insular cubano se hicieron impostergable. Antonio Maceo y Máximo Gómez organizaron las tropas insurrectas y las condujeron hacia el occidente del país, en un hecho sin precedente. La campaña militar se convirtió en la acción más brillante de su tiempo.
El contingente invasor libró combates memorables. Las batallas de Mal Tiempo, Coliseo y Calimete dieron seguridad a los insurrectos y confianza en el triunfo. La invasión alcanzó el territorio occidental. Maceo llegó a Mantua y Gómez lo asistía y ponía en crisis con su arrasadora tea incendiaria, la economía colonial. La invasión cumplió exitosamente sus objetivos.
La Asamblea Constituyente tuvo a su cargo la responsabilidad de constituir un Gobierno Provisional para Cuba que asumiría la conducción y destino de la Guerra por la independencia del colonialismo español, la misma confió en la integridad de sus jefes militares y suscribió el precepto martiano de con todos y para el bien de todos.
Conformada por 24 artículos, la de Jimaguayú era la tercera Constitución que se proclamaba en los campos de Cuba libre. Las que le precedieron, se promulgaron durante la Guerra de los Diez Años. La primera en Guáimaro (1869) y la segunda, en Baraguá (1878). Se firmó el 16 de septiembre de 1895. Los asambleístas concedieron a esta constitución una vigencia de dos años. Vencido dicho plazo, se reuniría la Asamblea de Representantes para conocer la gestión del Consejo de Gobierno, convocaría a elecciones y revisaría, si fuese necesario, el propio texto constitucional.
La Constitución de Jimaguayú, marcó un verdadero hito en la historia del país, al tiempo que fue un ejemplo de la persistente voluntad civilista y legalista del movimiento revolucionario independentista. (Con información de Ecured y la Fiscalía General de la República).