Con el despliegue de militares resguardando la frontera norte de la entrada masiva de indocumentados, el gobierno de Chile sigue hoy tratando de buscar una salida para la crisis migratoria agudizada en la última semana.
La víspera, el presidente Sebastián Piñera se refirió a lo que ocurre en Colchane, donde ya hay más indocumentados –viviendo a la intemperie y sin recibir ayuda-, que nativos del lugar, lo cual tensa la convivencia y amenaza con ir a más.
Pero el mandatario se limitó a culpar al gobierno de su predecesora Michelle Bachelet, señalando que cuando llegó a La Moneda había ‘un gran desorden’ en materia migratoria y también arremetió contra Venezuela, al referirse a la crisis en Colchane, por el alto número de ilegales de esa nacionalidad.
No obstante, alcaldes de la zona norte acusan al Gobierno de desconexión y falta de diálogo, y el de la municipalidad de Colchane, Javier García, señaló que no coordinaron con él para tratar sobre medidas encaminadas a solucionar la crisis.
En declaraciones recogidas por Biobío.cl el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, aseguró que ese territorio también enfrenta problemas de tráfico de personas, y que el Gobierno no ha contactado con él mientras que anuncia decisiones a nivel central.
Su homólogo de Iquique, Mauricio Soria, insistió en la falta de comunicación del Ejecutivo y pidió reforzar el control fronterizo y establecer hospitales de campaña para atender a inmigrantes que, según dijo, desde septiembre hasta hoy, son más de 20 mil.
Pero fue más allá y en referencia directa a la anunciada visita de los ministros consideró que estas ‘deben ser para resolver, no para conocer porque esto ya está archiconocido’.
El problema cobró mayor relevancia cuando la semana pasada fueron hallados en dos puntos distintos cerca de Colchane los cadáveres de un venezolano y una colombiana.
En tanto, la víspera el quincenario The Clinic informó que una mujer haitiana, también indocumentada, sufrió un aborto tras pasar tres días pernoctando en un paradero de Colchane, con dolores y sangrando sin recibir atención médica.
Organizaciones de migrantes y políticos de oposición han llamado al Gobierno a abordar esta situación no como un problema de seguridad nacional sino como una crisis humanitaria y buscarle una solución a tono con el respeto a los derechos humanos. (Agencia Prensa Latina).