El neogolpismo tiene otras formas de afectar la institucionalidad constitucional y Bolivia fue víctima de este en noviembre de 2019, aseveró hoy el vocero presidencial Jorge Richter.
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Los cambios de Gobierno en estos tiempos son sutiles y están disfrazados hasta construir asociaciones que busquen instalar una normativa legal para confundir e implementar otros elementos, agregó.
Las acciones de fines de 2019, bajo el argumento de recuperación de la democracia, buscaron de manera fundamental modificar al Estado o devolver en una lógica regresiva a las formas liberales, pero básicamente entregar el poder a los sectores muy vinculados a la vieja oligarquía económica, detalló.
El portavoz remarcó 10 hitos en ‘una secuencia unos con otros que permite observar claramente cómo los sucesos en Bolivia no fueron casuales, ni producto de las movilizaciones sino que estaban’ bajo un guion y pensados para ser implementados.
El primero, detalló, tiene que ver con los cabildos instalados en octubre de 2019 después de las elecciones nacionales, donde el mensaje de fraude empezó a crecer y se hacían llamados a la desobediencia civil.
El segundo se presentó el 20 de octubre, ‘en el momento mismo de las elecciones’ con la primera conferencia de prensa de la Organización de Estados Americanos señalando el sistema electoral y su sistema de conteo rápido de votos.
Otro paso del golpismo fue el 24 de noviembre de 2019 con la aprobación de la ley de convocatoria a elecciones como solución política y espacio de transición, una arquitectura jurídica que permitiría ir hacia la calendarización electoral, recordó.
En el cuarto hito ubicó el motín policial y la decisión de las Fuerzas Armadas de pedir la renuncia del entonces presidente Evo Morales, mientras observó además la candidatura de la senadora Jeanine Áñez al máximo cargo del país, lo cual convirtió el proceso de transición en un proyecto político.
Richter calificó la posesión de Áñez como mandataria transitoria de ilegal por no cumplir con los requisitos legales establecidos y reprobó el documento emitido por el Tribunal Constitucional (TC) que supuestamente avala la magistratura.
Bolivia intenta esclarecer los responsables de las masacres durante los conflictos sociales en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto, La Paz) de noviembre de 2019, por lo cual la Fiscalía abrió en noviembre pasado el caso golpe de Estado y desde el 17 de marzo llevó a prisión a la expresidenta de modo preventivo por seis meses. (Agencia Prensa Latina).