Por: Sinay Céspedes Moreno
La expectativa por el análisis del proyecto legal para la Defensa de la Dolarización en el Parlamento aumenta hoy en Ecuador, donde pese a los argumentos gubernamentales, crece el rechazo a la propuesta.
De un lado, la administración insiste en afirmar que la regulación es necesaria pues protegerá los recursos del sector público y sobre todo los de la ciudadanía, depositados en el Banco Central del Ecuador (BCE).
Sin embargo, numerosos colectivos y académicos la consideran engañosa y la definen como un nuevo mecanismo adoptado por el estado con la finalidad de privatizar el BCE.
En ese contexto, recientemente varias organizaciones y académicos del país firmaron un manifiesto en rechazo al documento y con exhortos al Legislativo de archivar definitivamente la propuesta, por considerar que tiene múltiples violaciones a la Constitución. Las instancias y expertos adscritos estimaron que la ley genera un ambiente propicio para permitir la fuga de capitales y profundiza la crisis económica, con el consecuente aumento del desempleo y la pobreza.
Según explicaron, con la regulación el BCE sería autónomo, por lo que ninguna persona o entidad (ni siquiera el dignatario de la república, ministro de finanzas u otro funcionario de estado) podría ejercer influencia sobre lo dictaminado por su directorio.
Recalcaron además que contradice el Artículo 303 de la Constitución, según el cual: ‘la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central’.
Aseguraron también que el proyecto suprime las facultades de la Superintendencia de Bancos, limita las de la Contraloría General del Estado y establece en su lugar a auditores externos.
En su criterio, si el legislativo lo aprueba, no habrá obligación de mantener recursos líquidos en el país y aumentará el riesgo de fuga de capitales, sobre todo teniendo en cuenta el compromiso del gobierno con el Fondo Monetario Internacional de eliminar el impuesto a la salida de divisas.
‘La dolarización se mantiene con dólares y si dichos dólares fugan fuera del país, el sistema puede colapsar’, aseveraron los suscriptores del documento.
Entre las preocupaciones resaltaron que habría una gran concentración de poder en cinco ciudadanos miembros del Directorio del Banco Central, sobre cuyas decisiones no tendría ninguna injerencia ni el Presidente de la República.
‘Serían responsables de administrar la Reserva Internacional, establecer el sistema de tasas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional, establecer regulaciones sobre los medios de pago, autorizar operaciones de liquidez con instituciones financieras’, enfatizaron.
Al manifiesto se adhirieron las organizaciones Jubileo 2000 (Red Ecuador), Foro Politécnico, Plataforma Va por Ti Ecuador, el Movimiento Unidad Progresista M-Sur, el Centro de Derechos Económicos y Sociales y los Frentes de Profesionales Eloy Alfaro, Universitario Progresista y de Defensa Petrolero Ecuatoriano.
Las instancias que suscribieron el pronunciamiento se suman a otras organizaciones como el Observatorio de la Dolarización, así como a economistas, académicos y representantes del pueblo en general, quienes insisten en pedir a la Asamblea Nacional que rechace la propuesta legal.
Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, advirtió que en caso de su desaprobación en el pleno del Parlamento, el gobierno trabaja en esquemas alternativos de financiamiento en el mercado internacional. (Agencia Prensa Latina).