La aprobación de una ley que reduce la jornada laboral en Chile y el anuncio de 31 nuevos proyectos en materia de seguridad, marcaron el acontecer noticioso en este país durante la semana que concluye hoy
En una votación calificada como histórica, el martes la cámara de diputados aprobó por amplia mayoría la normativa que estipula la disminución paulatina de la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales en un período de cinco años.
La legislación contiene una serie de ventajas, entre ellas la posibilidad de trabajar cuatro días a la semana y descansar tres, además de ofrecer facilidades en el horario para personas cuidadoras de niños y adolescentes de hasta 12 años.
“Estamos dando un paso tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile: los trabajadores y sus familias”, dijo el presidente Gabriel Boric, al promulgar la iniciativa.
Un total de cuatro millones 700 mil trabajadores se beneficiarán con esta ley, calificada por la ministra de Trabajo Jeannette Jara como un avance civilizatorio con un fuerte impacto positivo en las actuales y futuras generaciones del país.
La idea había sido impulsada en 2017 por la entonces diputada y actual Ministra Secretaria General de Gobierno Camila Vallejo y la legisladora Karol Cariola, ambas del Partido Comunista de Chile.
Esta semana también el Congreso Nacional alcanzó protagonismo al lograr un acuerdo con el Gobierno para impulsar la aprobación de 31 proyectos prioritarios en materia de seguridad.
Las iniciativas, algunas de las cuales deberán ser debatidas y sometidas a votación en lo inmediato y otras a lo largo del año, están destinadas a mejorar la persecución penal, fortalecer las instituciones y aumentar la prevención del delito.
En opinión de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el acuerdo entre el ejecutivo y el legislativo da pruebas de la necesidad de colaborar para construir la unidad ante el problema de la violencia.
Dentro de los proyectos figuran la ley de delitos económicos y las que sancionan los actos preparatorios de sicariato y la tenencia de celulares en las cárceles.
Además se prevé realizar modificaciones a la ley de migración y extranjería y crear un Ministerio de Seguridad Pública.
Encuestas publicadas aquí indican que la inseguridad y el crimen organizado son las principales preocupaciones de la ciudadanía, por encima de los problemas económicos o de salud. (Agencia Prensa Latina).