El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reiteró hoy que la frontera del país no está abierta, mientras decenas de miles de personas intentan cruzar desde México
En espera del fin del polémico Título 42, acontecido en la medianoche de este jueves, en regiones mexicanas limítrofes se aglomeró un gran número de individuos dentro de los que se hallaban incluso familias enteras con la esperanza de poder solicitar asilo.
La política, que permitía la rápida expulsión de los inmigrantes, dio paso a otra, conocida como Título 8, bajo la cual se procesan las solicitudes pero que descarta a quienes no pidieron protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Asimismo, quienes no puedan demostrar que califican para una exención a la regla enfrentarán la deportación a su nación de origen o a México, así como una expulsión de cinco años de ese territorio norteño.
Según declaró Mayorkas, hay 24 mil miembros del personal de la Patrulla Fronteriza junto con miles de tropas y contratistas para ayudar a gestionar el gran arribo de migrantes.
A la caótica situación vivida hoy en la frontera sur se suma el desconcierto generado por un fallo de un magistrado estadounidense emitido la víspera que bloqueó parte de la política migratoria prevista a aplicarse a partir de esta jornada.
El dictamen, realizado por el juez de distrito T. Kent Wetherell a solicitud de la procuradora general de Florida, Ashley Moody, impide que el gobierno libere de manera temporal a los migrantes que ingresan ilegalmente al territorio.
La administración del presidente Joe Biden buscaba con esa disposición evitar el hacinamiento en los centros de detención al liberar momentáneamente a algunos solicitantes de asilo con la condición de informar a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas.
Hasta el jueves, casi 25 mil personas se encontraban en las instalaciones y tiendas de campaña de la Patrulla Fronteriza a pesar de que la agencia solo tiene capacidad para retener a unos pocos miles, declaró por su parte el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz.
Debido a los crecientes problemas, la administración de Biden pidió a Wetherell que mantuviera su sistema de libertad condicional en su lugar, aunque solo fuera en condición de “emergencia”.
El juez, sin embargo, no cedió, y argumentó que la nueva política se burlaba de una ley federal que requería al menos la detención temporal de cualquier persona que cruzara la frontera ilegalmente.
Inmediatamente después del fallo, Mayorkas publicó un mensaje de video donde volvió a reiterar la postura de la administración.
“A partir de esta noche, se presumirá que las personas que lleguen a la frontera sin usar un camino legal no son elegibles para el asilo. Estamos listos para procesar y expulsar a las personas sin una base legal para permanecer en Estados Unidos”, aseguró. (Agencia Prensa Latina).