El Congreso de Brasil instalará hoy la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre los actos antidemocráticos del 8 de enero en esta capital, cuando fueron invadidas y depredadas las sedes de los tres poderes
Según la Agencia Senado, después del establecimiento, será elegido el presidente de la junta, que reunirá a 32 parlamentarios titulares, siendo 16 senadores y 16 diputados, con igual número de suplentes.
La CPMI tendrá 180 días para investigar las acciones golpistas y podrá elevar sus resultados ante la Fiscalía General, con el fin de aportar pruebas al proceso penal.
Partidarios radicales del derrotado mandatario Jair Bolsonaro disfrutaban de la instalación de campamentos, bajo patente de protestas pacíficas y libre expresión, en ciudades y en especial en Brasilia, contra el resultado de las elecciones de octubre y la asunción al poder por tercera vez del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, el 8 de enero la orden casi siete mil extremistas bolsonaristas (adeptos del exmilitar y apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
Pese a que análisis de comportamiento y conductas sospechosas permitieron anticipar acciones de individuos o grupos que presentan propósitos terroristas, las fuerzas policiales apenas reaccionaron, y en particular las del Distrito Federal (DF).
El intento golpista culminó con la detención de muchos partidarios del excapitán del Ejército, entre ellos el exsecretario de Seguridad Pública del DF Anderson Torres, quien fungió en el Gobierno de Bolsonaro como ministro de Justicia.
La audiencia de instalación de este jueves en el Congreso será presidida por el senador Otto Alencar, parlamentario de mayor edad entre los integrantes.
A la vez, la investigación por la tentativa antidemocrática continúa en el STF, un proceso por el cual declaró Bolsonaro.
La Fiscalía General denunció penalmente a mil 390 personas por varios delitos, como crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido. (Agencia Prensa Latina).