Subsidios en Cuba: Muchos beneficiados, pero no todos los que podrían serlo

En el caso particular de Lidia, recibió cobija en una de las instalaciones del central España Republicana, donde gracias al apoyo de las autoridades locales y la solidaridad de los vecinos habita junto a su hijo en un cuarto de mampostería, con un pequeño baño.

Mucho antes de que las llamas devoraran su modesto hogar, la sexagenaria había solicitado un subsidio para mejorar constructivamente su casa, pero le fue denegado. Quienes debían dar respuesta a su caso adujeron que con los ingresos del hijo, barrendero de servicios comunales, podía reparar el inmueble por esfuerzo propio. Mas, en esta ocasión, las razones para clasificar eran harto evidentes: perdieron casi todo.

Según Osniel Crespo Bencomo, funcionario de la vicepresidencia de Construcción y Vivienda del Consejo de la Administración Provincial (CAP) en Matanzas, “esas seis familias fueron priorizadas, al autorizárseles 690 mil pesos para la construcción de células básicas habitacionales, es decir, 25 metros cuadrados, como establece el Acuerdo 7387 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM), del 9 de abril de 2013, y las resoluciones complementarias del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP)”.

A los cuatro meses del incendio, aunque Lidia conocía sobre la ayuda del gobierno y no tenía palabras para expresar su agradecimiento, estaba muy desorientada, “pues no me han informado qué debo hacer, ni a dónde dirigirme”.

Para pulsar la marcha de tan sensible tema, la revista BOHEMIA visitó las provincias de Pinar del Río, Matanzas, Santiago de Cuba, Granma y La Habana, donde en total fueron entregados 39 179 subsidios, por un monto de 988 millones 122 577 pesos, desde que comenzara la entrega en enero de 2012.

En los recorridos dialogamos con más de medio centenar de funcionarios públicos de los consejos de las administraciones provinciales y municipales, directivos de Vivienda, Trabajo, Finanzas y Precios, Comercio Minorista, empresas de materiales de la construcción y de la Contraloría General de la República de Cuba. También compartimos zozobras y alegrías con más de una treintena de personas favorecidas.

Casos y cosas

Maltrecha por el tiempo y la falta de recursos para repararla, la vivienda de Sara Virgen Tamayo Pérez parece que va a derrumbarse de un soplido. En la parte delantera, una nueva construcción se levanta poco a poco desde que el Consejo de la Administración Municipal (CAM) de Bayamo aprobara el Acuerdo No. 239 de 2013, que autorizaba el subsidio para que la anciana viviera en condiciones decorosas.

Sin embargo, el monto aprobado para la construcción de la célula básica habitacional, según el contrato firmado con la dependencia interna del gobierno, es de 61 291 pesos, muy por debajo de los 85 mil pesos que realmente corresponden.

Sara no pudo esclarecer por qué las autoridades le habían aprobado esa suma. Solo adujo: “Pasé mucho trabajo en trasladar los materiales, en carretillas o en vagones, pidiendo favores a los vecinos”. Tampoco Yankiel Hernández Zamora, presidente del Consejo Popular Camilo Cienfuegos, ni Aleida Milanés Tamayo, delegada de la circunscripción 148, en cuyo territorio reside Sara, pudieron explicar lo sucedido.

Ante la insistencia de esta reportera, Bárbara Olivera, técnica de la dirección municipal de la vivienda en Bayamo, refirió que “cumplía las orientaciones de mis superiores. El expediente de Sara es de 2012, le fue aprobado el subsidio en 2013, con los cálculos y montos que tenía ya indicados. Todos los casos de 2012 que hoy estamos entregando en el municipio parten de similares estimados”.

¿Cómo es posible que funcionarios y especialistas de la provincia desconocieran las regulaciones aprobadas en los acuerdos 7155 del 13 de diciembre de 2011, y el 7387 del 9 de abril de 2013, emitidas por el CECM, y las indicaciones formuladas en las resoluciones complementarias para el cálculo de las células básicas habitacionales y los montos que debían entregarse?

Evidentemente, les fue más fácil aprobar el caso sin la debida reevaluación, indicada ante expedientes archivados o pendientes por falta de financiamiento. Una práctica muy peligrosa, máxime cuando en las provincias visitadas existen más de 38 700 expedientes esperando el visto bueno de los CAM.

Similar tratamiento recibió la santiaguera Lourdes Ceiro Fuentes, vecina del Consejo Popular Heredia afectada por el ciclón Sandy, con subsidio solicitado desde 2012 para reparar el derrumbe total de techo, y aprobado en 2013, por un monto de 25 400 pesos, sin contemplar el gasto para las transportaciones.

Solventes… no solventes

La habanera Ivonne García Salazar perdió su casa hace más de 15 años. De la vivienda solo quedaron el piso y medio baño de mampostería. Allí trató de levantar con tablas de palma y retazos de la vieja morada algo donde cobijarse.

Las circunstancias hicieron de ella una extraña en su propio domicilio: “Vivo en mi propiedad en condición de albergada y nunca he recibido ni una sola teja para tener techo seguro”.

Cuando comenzó la entrega de los subsidios, Ivonne pensó que había llegado la hora de poner fin a las cuitas de la familia. Pero se frotó las manos por gusto. Al llegar a la oficina de trámites le explicaron que ella era solvente económicamente. En ese entonces se desempeñaba como directora de una escuela de oficios, donde percibía un salario de 900 pesos. Con ella vivían dos hijos, uno menor de edad, y la madre jubilada y enferma.

La respuesta enardeció a la licenciada en Defectología, que al año siguiente pidió la liberación del puesto de trabajo. “No podía permitir que mi madre siguiera viviendo en esas condiciones. Porque si mi salario apenas cubría las necesidades de alimentación, ¿cómo iba a construir nada?”. Pero volvió a la carga y el CAM de La Lisa le aprobó un subsidio para construir una célula básica habitacional, por 85 mil pesos.

El caso de Ivonne y otros encontrados en esta indagación periodística llevan a preguntarse cuándo un núcleo familiar es solvente o no, y qué per cápita se establece en las regulaciones aprobadas. Tales definiciones siguen pendientes, en espera de las nuevas normativas que deben emitirse.

En la evaluación socio-económica que realizan las direcciones municipales de Trabajo se tienen en cuenta los ingresos y gastos de la familia. “Pero un salario alto no implica que automáticamente la persona quede descalificada para optar por el subsidio, porque puede tener una situación constructiva muy crítica, imposible de asumir con esfuerzo propio”, analizó Mirtha Caballero Pérez, directora provincial de Vivienda en Matanzas.

Para evitar injusticias en la entrega, “al detectar que los estudios socio-económicos eran vulnerables, sugerimos establecer un per cápita por territorio, porque los ingresos no son los mismos en La Habana que en Guantánamo. Con las nuevas regulaciones deberá quedar claro”, indicó Alina Vicente Gaínza, vicecontralora general de la República.

Yuneisy Hernández Camaraza, auditora principal de la Contraloría General, precisó: “Debe tenerse en cuenta no solo el salario, porque si solo se fijara ese referente, muchas personas necesitarían el subsidio”.

Talón de Aquiles 

Al santiaguero Jacinto Albear Guilart, el huracán Sandy le arrancó la única ventana de la sala. En enero de 2014, el jubilado del sector de la salud, sin ingresos que le permitieran arreglar el destrozo, se decidió a solicitar un subsidio para dormir tranquilo.

Recibió entonces la buena noticia de que el CAM le aprobó 1 572 pesos para una rehabilitación menor. Ni lento ni perezoso, firmó el contrato con la dependencia interna del gobierno, realizó los trámites en el banco, pero fue por gusto. Cuando llegó al punto de venta de materiales más cercano, las ventanas brillaban por su ausencia.

“No hay quien las pesque en ningún lugar de esta provincia. Con mis problemas de salud, hipertensión y diabetes, a lo mejor me sorprende la muerte antes de que aparezcan”, dijo con sorna.

En el engranaje de la entrega de subsidios aparecen baches organizativos y problemas con la planificación. Así lo valoró Mariana Denis Rojas, directora provincial de Vivienda en Santiago de Cuba, quien agregó que “nunca se ha hecho una conciliación entre Comercio Interior y las necesidades constructivas de los subsidiados”.

Emilio McIntosh Cabrera, subdirector de venta de la Empresa de Comercio de la misma provincia, reconoció que debían cohesionar más los distintos eslabones, al tiempo que señaló: “No tenemos cómo darles respuesta a todos los subsidiados; por ejemplo, en el plan de la economía de 2016 solicitamos a la Universal 55 mil ventanas y aprobó solo el 10 por ciento (5 500). Con las puertas fue peor, pedimos 75 mil y asignaron un cinco por ciento (3 700).

“Esa demanda no se calcula sobre la base de números fríos. Tenemos en cuenta las necesidades de toda la provincia, incluidos subsidios, créditos, obras sociales, plan de viviendas. No puede obviarse que todavía hay damnificados del huracán Sandy”, reflexionó McIntosh.

El directivo agregó que tenían atrasos con la entrada de 720 toneladas de acero, por falta de materia prima según Acinox, el suministrador; y demoras con el cemento, debido a limitaciones en las transportaciones.

Tensa era también la situación en Pinar del Río por la falta de carpintería metálica para terminar unas 800 viviendas, explicó Mariano Cruz Ledesma, vicepresidente del CAP. “Hacemos un esfuerzo extraordinario, muchos rejuegos con el transporte de la provincia, para trasladarla desde Guantánamo y Villa Clara”.

Aunque en Vueltabajo el árido no es un dolor de cabeza, lo planificado también queda por debajo de la demanda. Sin embargo, la provincia posee tres canteras que pudieran duplicar las extracciones, pero el mal estado de buldóceres, cargadores y camiones no permite ese salto productivo.

Al decir de Alejandro Olivera, comercial de la Empresa de Materiales de la Construcción en el territorio, “se le pidió al Ministerio de Economía y Planificación un financiamiento de 170 millones de dólares para adquirir algunos nuevos, o reparar los viejos, pero todavía no hemos recibido respuesta. Esperamos que salga en el plan de 2016”.

Ventanas, puertas, barras corrugadas y cemento no son los únicos materiales que escasean en los puntos de venta. También hay déficit de elementos para techo, áridos, bloques, tuberías hidrosanitarias, mosaicos, losas de piso, luminarias.

Así, mientras más escasean esos recursos, más se prolonga la terminación de las acciones constructivas y menos financiamiento queda disponible para entregar al CAP y distribuir después en los municipios.

Del total de personas que recibieron subsidios en los territorios visitados, solo el 44 por ciento (unas 17 307) lograron terminar las acciones constructivas en sus viviendas. El mayor atraso lo tenía Granma, con el 26 por ciento ejecutado.

¿Liberados?

Sentada en el sillón de la salita recién reconstruida, Eloína Francisca Paneque Boza siente mucha gratitud por el subsidio, pero no quiere ni acordarse de los trabajos que pasó para adquirir los materiales.

“Eso acabó conmigo. Estuve casi dos meses para comprar el polvo de piedra y la cabilla en el punto de venta Rosa La Bayamesa. Cuando llegaban los camiones, ya tenían dueños. Por esa razón se habilitó otro punto en Bayamo y se dejó aquel para atender a los subsidiados”, narró Eloína.

La inestabilidad en el arribo de materiales de construcción, los planes por debajo de las necesidades reales y la presencia de especuladores, obligan a las autoridades locales a buscar estrategias que prioricen los casos aprobados.

En la calzada de San Luis, Matanzas, está ubicado el punto de venta El Ladrillo. En el mes de octubre de 2015 el gobierno provincial tomó experimentalmente la medida de vender los productos más demandados solo a los subsidiados.

Aunque el administrador, Andrés Alfaro Rodríguez, no dudó de la noble decisión, manifestó varias inquietudes. “Los planes mercantiles se afectan, porque antes facturábamos alrededor de un millón 500 mil pesos mensuales y de ese dinero, una parte se destinaba a subsidiar más personas. Por otra, quienes viven cerca ahora tienen que ir a comprar más lejos, a La Mocha o La Marina, y eso irrita a la gente que te pregunta: ‘¿por fin, es liberada o no la venta de materiales?’. Y lo más chiva’o, la revendedera no se soluciona, la trasladamos de lugar”.

A su juicio, el problema no está en la competencia con quienes pagan en efectivo o tienen créditos, “sino en la lentitud de los trámites bancarios, pues los subsidios tienen cinco días hábiles, que se les respetan por ley después de facturados. Pero en Matanzas solo atienden cinco o 10 casos diarios”, valoró Alfaro.

“Santiago está al revés”

Afirmaron al unísono Giseilys Ferrer Mariño, subdirectora provincial de Trabajo, y Mariana Denis Rojas, directora provincial de Vivienda. A diferencia del resto de las provincias recorridas, este territorio oriental sí disponía de financiamiento para entregar más subsidios.

Según Mary Leivis Mejías, directora provincial de Finanzas y Precios, “hoy, en los municipios, tenemos en cuentas bancarias 71 millones 700 mil pesos y en la provincia, 66 millones 600 mil pesos, sin distribuir. Es decir, hay 138 millones 300 mil pesos para los casos de subsidios que todavía no se han aprobado”.

Las cifras pudieran alegrar a cualquiera, pero vistas a finales de noviembre de 2015, los santiagueros tendrían que haberse puesto patines para entregar esas cantidades y evitar perder ese dinero, que no pasa de un año para otro.

Con tales holguras monetarias, resultó paradójico que en Songo La Maya, donde cientos de familias esperan por este beneficio, Michel Almeida, vicepresidente de Construcciones, afirmara que “en 2015 entregamos subsidios solamente dos veces, de acuerdo con los financiamientos dispuestos por el CAP”.

Al parecer colocaron la carreta delante de los bueyes, pues aunque el país anunció modificaciones en los principios de la política –como la entrega de subsidios al menos dos veces al año– todavía estas no han visto la luz. Y lo más llamativo, con una cifra en cuentas bancarias a punto de zozobrar.

Leyes por venir

En Cuba no quedará nadie desamparado, ha insistido el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz. Como prueba, la política de subsidios para favorecer a personas con bajos ingresos comenzó a multiplicar el número de beneficiados desde enero de 2012.

A partir de las experiencias acumuladas en casi tres años, las autoridades anunciaron un grupo de medidas que modificarán el Acuerdo 7387 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas naturales con vistas a realizar acciones constructivas en sus viviendas. Entre los cambios anunciados a las regulaciones se encuentran:

• Los CAM del Poder Popular efectuarán como mínimo dos convocatorias anuales para recibir las solicitudes de la población, de acuerdo con el financiamiento disponible, y fijan el tiempo en que las direcciones municipales de Vivienda las reciben y procesan.
• Los CAM deberán elaborar el procedimiento para la divulgación de las convocatorias, y sus resultados serán públicos, lo que garantizará mayor transparencia.
• Los CAM contarán hasta 70 días hábiles para dar respuesta a las solicitudes.
• El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actualizará el procedimiento para analizar la solvencia económica de los solicitantes, fijando los límites máximos para realizar la evaluación.
• Cuando el subsidio sea otorgado a partir de datos y declaraciones falsas, se cancelará, reintegrándose el monto utilizado al presupuesto del Estado.
• Cuando por ocurrencia de eventos climatológicos u otros desastres se afecte una vivienda terminada o en ejecución con subsidio, se evaluará el caso para otorgar un nuevo subsidio.
• El CAM, ante el fallecimiento del beneficiario, salida definitiva del país u otras causas, procederá a la cancelación del contrato y el reintegro al Presupuesto del Estado del saldo asignado y no utilizado.

(Tomado de la Revista Bohemia)