La base naval estadounidense en Guantánamo, en el sureste de Cuba, es uno de los principales obstáculos al proceso de normalización de los vínculos entre los dos países, que restablecieron relaciones diplomáticas el 20 de julio pasado.
Dicha instalación castrense, ubicada desde hace más de un siglo en suelo cubano contra la voluntad del Gobierno y pueblo de la isla, ocupa un área de unos 120 kilómetros cuadrados y alberga a alrededor de 10 mil militares y civiles norteamericanos.
Considerada por expertos como un rezago de la guerra fría y una instalación con poco valor desde el punto de vista militar, el enclave acoge desde enero de 2002, bajo la administración de George W. Bush (2001-2009), una cárcel para individuos sospechosos de realizar o planear acciones terroristas contra Estados Unidos.
En los últimos años, la prisión estuvo en el centro de numerosas denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos e instituciones internacionales que denunciaron las torturas que allí se realizaban contra los reos, en su mayoría privados de libertad por tiempo indefinido, sin que se les presentaran acusaciones oficiales a una buena parte de ellos.
El 29 de junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos estableció que los tribunales militares conformados para juzgar a los detenidos en Guantánamo violan la letra de las Convenciones de Ginebra y hasta el propio Código Militar norteamericano.
Desde que asumió su mandato en enero de 2009, Obama prometió cerrar ese centro de detenciones, pero no le fue posible debido a la oposición de congresistas del partido Republicano y otros elementos conservadores.
Tras varios años de insistir en ese objetivo, en febrero pasado el mandatario presentó ante el Congreso un nuevo plan para clausurar la prisión, donde hay 91 reos, de los cuales el Gobierno espera reasentar 35 en otros países para este verano y cerca de 50 quedan con un futuro incierto.
Con esta iniciativa, rechazada de inmediato por el liderazgo republicano, el gobernante pretende resolver en los últimos meses de su mandato uno de los problemas más acuciantes que enfrenta.
Al presentar su nueva iniciativa para clausurar la prisión -de difícil implementación según expertos en el tema- Obama afirmó que dicha penitenciaría drena recursos millonarios y resulta contraproducente para los intereses norteamericanos de seguridad nacional.
La estrategia de cuatro partes del gobernante prevé el traslado de unos 50 detenidos hacia centros de máxima seguridad en territorio continental norteamericano -para lo cual el Pentágono explora poco más de una docena de opciones, y el resto hacia otros países.
El líder de la mayoría republicana en la Cámara alta, Mitch McConnell, pidió a Obama abandonar sus planes para cerrar la cárcel y descartar finalmente de forma categórica una medida de ese tipo, porque como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas tiene que abstenerse de dar una orden directa que es ilícita.
Por el contrario, la exsecretaria de Estado y precandidata demócrata a las presidenciales de noviembre, Hillary Clinton, apoyó la propuesta del mandatario y la calificó de una señal de fortaleza y determinación.
En medio de todo este debate y a escasos días de la visita a Cuba del jefe de la Casa Blanca -del 20 al 22 de marzo- Obama tiene pendiente analizar el reclamo de las autoridades cubanas de que se le devuelva el territorio ilegalmente ocupado por dicho enclave castrense desde hace más de un siglo.
Expertos estadounidenses coinciden en que el gobernante tiene facultades para devolver a Cuba el territorio de la base, aunque en esto existen criterios divergentes, pues otros especialistas argumentan que el Congreso debe aprobar los recursos financieros para ejecutar la medida.
Sin embargo, tanto el secretario de Estado, John Kerry, como portavoces de la administración Obama reiteraron en los últimos meses que este asunto no está en la agenda de las conversaciones con el Gobierno de la isla caribeña.
En el contexto del viaje del gobernante norteamericano a la mayor de las Antillas, un editorial publicado el 9 de marzo por el diario Granma, ûrgano Oficial del Partido Comunista de Cuba, señaló que el territorio ocupado por ese enclave, «en contra de la voluntad de nuestro gobierno y pueblo, tiene que ser devuelto a Cuba, cumpliendo el deseo unánime de los cubanos desde hace más de cien años».
La Habana también reclama que para normalizar los nexos, Washington debe levantar el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el Gobierno norteamericano desde hace más de cinco décadas, el cese de las transmisiones ilegales y de los programas subversivos contra la isla.
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(Tomado de Prensa Latina)