Por: Enrique Ojito Linares
Una mirada a la propuesta de Reforma Constitucional lleva a detenerse en un pronunciamiento inédito con respecto a las anteriores constituciones aprobadas en el país, relacionado con su política penitenciaria: la reinserción social de las personas privadas de libertad, la garantía del respeto a los derechos de estas y la observancia de las normas instituidas para su atención en los establecimientos penales.
Lo llevado a letra impresa a la futura Carta Magna se aviene a la política que tradicionalmente ha defendido el Estado cubano hacia los recluidos, y que fue expuesta este año en el informe de Cuba al III Ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (CDH), presentado en Ginebra, Suiza, en mayo pasado.
Dicho documento señala que para el Gobierno de la isla es una prioridad la protección de la vida de los reos: “Todos los centros penitenciarios cuentan con instalaciones de salud, personal médico y de enfermería, recursos y materiales suficientes para garantizar el derecho a la atención médica gratuita. Si el padecimiento no puede solucionarse en el sistema penitenciario, el interno goza de garantías para su atención en la red hospitalaria nacional, sin discriminación”.
“Es una obligación dispensar atención médica a todo detenido o recluso que manifieste estar enfermo —plantea el informe—; así como a aquellos que, sin manifestarlo, se aprecie que requieren de algún tratamiento”.
El documento asegura, igualmente, que se mantiene un control riguroso para evitar que las personas privadas de libertad puedan autoagredirse.
Para el máster en Derecho Penal, el fiscal provincial Eugenio José PulidoGarcía, profesor auxiliar de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y de la del Ministerio del Interior, estas no constituyen formulaciones abstractas.
Por años, ha caminado los centros penitenciarios de la provincia en sus funciones de velar por el cumplimiento de la legalidad allí; en esas idas y regresos, ha constatado la aplicación de la norma y el reglamento penitenciarios y, por ende, la atención a los reos.
Jurista por los cuatro costados, habla apegado a la evidencia; tanto es así que recurre a una inspección realizada a la Prisión Provincial Nieves Morejón en mayo pasado, con la participación de especialistas de la dirección de Salud Pública en el territorio espirituano, para examinar la calidad de la asistencia médica en el centro penal.
“Además de la garantía de medicamentos y de los servicios habituales prestados en lugar, entre esos el estomatológico, a la prisión van especialistas de la mayoría de las disciplinas médicas”, ejemplifica.
Sin desmarcarse de hechos concretos, comenta que “el preso tiene la posibilidad, en correspondencia con los términos de la sanción y su conducta, a ir progresando hasta un régimen de prelibertad y de libertad condicional. También tiene el derecho a la remuneración, a la educación física, a la práctica de la cultura, o sea, a un grupo de cosas relacionadas con la reinserción social”.
“Estuve recientemente en un campamento donde los reclusos están vinculados a la producción, en este caso al carbón, y comprobé que ganan buenos salarios. Hay cultura por parte de los funcionarios de las prisiones de que los reclusos tienen derechos, y les defienden el salario. No todo marcha perfecto, pero sí hay preocupación sobre ese aspecto”, indica por último quien lleva más de cuatro décadas nombrado como fiscal.
La nueva formulación de este y otros derechos individuales se imbrica a los convenios y protocolos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Cuba; en estos momentos signataria de 44 de los 61 instrumentos mundiales de este carácter, lo que ubica al país en el grupo de Estados con mayor nivel de ratificaciones.
(Tomado de Radio Sancti Spíritus digital)