Sancti Spíritus: Beneficiadas más de 4 795 familias con la entrega de subsidios para viviendas

El subsidio beneficia a las personas con falta de solvencia económica para solucionar los problemas de vivienda. (Foto: Lauris Henriquez)

Alrededor de 260 millones de pesos ha destinado el Estado cubano en Sancti Spíritus para la entrega de subsidios

Alrededor de 260 millones de pesos ha destinado el Estado cubano en Sancti Spíritus para la entrega de subsidios para la construcción de viviendas, lo que ha permitido beneficiar a unas 4 795 familias desde que comenzó en el 2012 la implementación de este programa, el cual, si bien ayuda a los más necesitados, no marcha del todo bien.

De acuerdo con detalles ofrecidos por Iraida Romero Morei, especialista principal del programa en la Dirección Provincial de la Vivienda, durante esos seis años se han propuesto al Consejo de la Administración Municipal 14 630 casos y del total de aprobados restan por concluir su vivienda algo más del 75 por ciento.

A pesar de los resultados se reportan atrasos en la secuencia constructiva, fundamentalmente, por problemas de burocracia y lentitud en los trámites establecidos, la escasez de materiales de la construcción, problemas con el dictamen técnico de las casas, falta de mano de obra o de transporte y otras dificultades, entre las cuales se incluyen también la morosidad y el desinterés de algunos de los beneficiados.

Actualmente, precisó Iraida, los mayores atrasos recaen en personas cuyos subsidios se concedieron en los primeros años del programa, aunque también hay problemas con los que no se aprueban por falta de financiamiento porque existe la dificultad de que, aun cuando reúnan los requisitos, deben esperar a que haya dinero disponible y si eso no pasa dentro del año en que se registraron, deberán inscribirse para otra convocatoria, algo muy engorroso para los necesitados.

Cuando se habla de subsidios no se trata de cualquier estrategia constructiva, pues este es de los programas más humanos y altruistas que ha creado la Revolución y beneficia a las personas con falta de solvencia económica para solucionar los problemas de vivienda.

Visto así, tal beneficio no debería ser un impuesto para las familias ni debe llevar el recargo de la burocracia y el peloteo. Habrá que pensar entonces en un procedimiento justo que pueda decirles y explicarles a las personas que su caso no procede antes de que estas se vean envueltas en la vorágine de los complejos trámites.