Por: Enrique Ojito Linares
Las violaciones de precios a veces tienen las piernas cortas; otras, más largas. Lo importante sería cortarles el paso a tiempo para que la billetera de los pillos no clone pesos a costa del resto de la ciudadanía.
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El Gobierno cubano se ha propuesto llevar a la picota este fenómeno, que ha echado anclas, en mayor o menor medida, tanto en el sector estatal como privado. Para hacerlo naufragar, entró en vigor hace un mes el Decreto número 30 sobre las “Contravenciones personales por violaciones de la política de precios y tarifas”, relacionadas con la comercialización de bienes y servicios por las vías mayorista y minorista.
Aprobada por el Consejo de Ministros, la nueva legislación derogó el Decreto 227, de 1997, anacrónico para este minuto que vive la isla caribeña, entre otras razones por las cuantías fijadas para las multas, que apenas jugueteaban con la cartera de los infractores, incluso, mucho antes de la vigente reforma general de salarios.
Sin dudas, el primer elemento destacable del reciente decreto suscrito lo constituye un mayor rigor en el enfrentamiento a las indisciplinas e ilegalidades que se manifiestan en materia de precios y tarifas. Tal severidad resulta constatable en las cuantías de las multas, las cuales oscilan entre los 2 500 y los 15 000 pesos; estas últimas reservadas para las violaciones de los precios minoristas, o sea, aquellas que están de cara a usted y a mí, en cualquier unidad comercial privada o del Estado.
Por otra parte, la práctica ha dicho y redicho que no solo basta con la multa para contener los quebrantamientos de la ley. De ahí que la nueva disposición establezca, también, medidas administrativas, entre estas el decomiso de los bienes, la venta forzosa y el trámite de procesos penales cuando la persona no pague la cuantía impuesta por el inspector.
Para evitar las peligrosas subjetividades y las malinterpretaciones, el Decreto Número 30 delimita las fronteras entre los precios abusivos y los especulativos, sancionados con multas que van desde los 8 000 y hasta los 10 000 pesos.
Como era previsible, luego de un intenso proceso de capacitación, los inspectores y demás personal facultado salieron a la calle o atravesaron el umbral de entidades, con la ley en una mano y el talonario en la otra.
¿Cuáles han sido las violaciones más recurrentes detectadas hasta ahora? En reciente emisión del programa televisivo Mesa Redonda, funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios daban cuenta de irregularidades en el pesaje y la calidad de los productos, así como alteraciones en los precios; anomalías relacionadas, en lo fundamental, con ofertas agropecuarias, el transporte y los servicios gastronómicos.
A raíz de las acciones de control, la Dirección Integral de Supervisión en la provincia computa más de 170 multas, que suman casi 669 mil 400 pesos, cifra nada desestimable.
Más que reprimir las infracciones cometidas, el Decreto número 30, del Consejo de Ministros, busca prevenir desde su severidad. Sería aconsejable, también, nunca perder de vista su aplicación con justeza, es decir, sin extremismos, para que cumpla sus reales propósitos. Solo así, los precios abusivos y especulativos se sentirán contra las cuerdas. (Tomado de Rdio Sancti Spíritus).