Por: Rafael Novoa Pupo
Veinte y tres años han pasado desde la intercepción accidental en aguas puertorriqueñas del yate La Esperanza, cuando se dirigía hacia Isla Margarita para realizar un atentado contra el Presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz.
Todas las evidencias disponibles apuntaban al Gobierno de Estados Unidos, la CIA, la Fundación Nacional Cubano Americana de Miami, e incluso al terrorista de origen cubano ya fallecido, Luis Posada Carriles, como cómplices en esta conspiración.
Recordamos que ese 27 de octubre de 1997, los agentes de la Guardia Costera que subieron a bordo del barco encontraron en un compartimiento secreto cubierto por una alfombra, dos fusiles de asalto de calibre 50, capaces de perforar un motor de avión y datos de navegación, que dejaban claro que se dirigía hacia la isla venezolana, donde se iba a celebrar la anual Cumbre Iberoamericana, el 7 de noviembre.
La investigación revelaba de inmediato que José Antonio «Toñín» Llama, de 66 años de edad, y miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano Americana de Miami, era dueño del yate, y que Francisco «Pepe» Hernández de 61 años, el propio presidente de la FNCA, era dueño de uno de los fusiles. El segundo rifle pertenecía a un socio de la organización, Juan Evelio Pou, veterano de la invasión de Bahía de Cochinos, fichado por el FBI.
El propio José Antonio «Toñín» Llama, había confirmado al Miami Herald, hacía unos meses, la intensa actividad terrorista desarrollada entonces por el Comité Paramilitar de la FNCA, organización fundada bajo orientaciones de la CIA.
Por su parte el fiscal Miguel Pereira, hombre honorable del equipo antiterrorista de la Secretaria de Justicia, Janet Reno, recuerda con qué desfachatez elementos del propio aparato judicial federal, llegaron a manipular el caso con la ruidosa complicidad del Special Agent Héctor Pesquera, entonces jefe del FBI de San Juan.
El 28 de agosto de 1998, un Gran Jurado de Puerto Rico acusó a Llama y dos cómplices de la FNCA, José Antonio Rodríguez Sosa y a Alfredo Domingo Otero, de conspirar para asesinar a un jefe de Estado, además de los elementos detenidos a bordo del barco.
Sin embargo, la acusación no incluyó a los dos dueños de los rifles incautados. A pesar de las confesiones firmadas y de las numerosas evidencias, todos los acusados, sin excepción, fueron absueltos el 8 de diciembre de 1999.
Hoy más que nunca, resulta evidente la participación de la CIA y del Gobierno que la dirige, en un complot donde cada personaje está vinculado, de una manera u otra, a sus servicios.
Veinte y tres años después del incidente de La Esperanza, y al visitar de nuevo sus archivos, las preguntas parecen obvias:
¿No sabía la CIA de la expedición terrorista del barco de la FNCA? ¿Ignoraba el complot que urdía desde hacía meses el comité paramilitar de esa organización con su más experimentado asesino, Luis Posada Carriles?
¿No se había enterado la multimillonaria agencia de inteligencia de que cuatro de los más recalcitrantes de sus mercenarios, informantes y colaboradores navegaban hacia Isla Margarita ese 27 de octubre de 1997?
¿Cómo podrían negar su complicidad, tanto el Gobierno norteamericano como su principal agencia de inteligencia, si toda la tripulación de la nave magnicida, pertenecía desde hacía décadas a su red terrorista anticubana? (Con información de Cubadebate).