El Congreso chileno aprobó en la semana que concluye hoy varias normativas contra la inseguridad, aunque algunos expertos advirtieron que el flagelo es más profundo y no se resuelve solo con leyes exprés
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La noche del miércoles un carabinero fue ultimado a balazos, justo cuando la Cámara de Diputados y el Senado adoptaron una iniciativa que otorgaba más facultades a las fuerzas del orden para utilizar las armas y solo faltaba su promulgación por el presidente.
El homicidio del agente conmovió a la sociedad y llevó al mandatario Gabriel Boric a acelerar la puesta en vigor de la controvertida ley Naín-Retamar, bautizada aquí como del gatillo fácil, aunque en su trámite por el organismo legislativo se le hicieron algunas modificaciones.
La normativa fue rechazada por defensores humanitarios y víctimas de la violencia, y algunos parlamentarios pretendían recurrir al Tribunal Constitucional, lo cual fue descartado tras la muerte del carabinero Daniel Palma, el tercero que pierde la vida en las últimas semanas.
Además de la aprobación de esta y otras leyes, el Gobierno anunció la transferencia de mil 500 millones de dólares para fortalecer el rubro de seguridad y el equipamiento de la policía.
También serán intervenidas 30 comunas en todo el país, donde se concentran los delitos más violentos, con el fin de enfrentar la ola de criminalidad.
Para la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, es necesario legislar en otras materias que van más allá del uso de la fuerza.
“Las leyes efectistas no desvían las balas”, dijo Pérez, y planteó la necesidad de invertir en equipamiento, capacitaciones y procedimientos actualizados para combatir las nuevas formas de delincuencia.
Por su parte, la senadora Claudia Pascual lamentó el aprovechamiento político de la derecha de una situación compleja que vive el país y que no parte con los asesinatos de los carabineros Daniel Palma y Rita Olivares.
En febrero pasado, la oposición decidió abandonar el diálogo sobre seguridad con el Gobierno, sin embargo, ahora promovió el trámite de leyes de forma exprés y demandó medidas extremas como decretar el estado de excepción en la región Metropolitana.
“Responder a situaciones complejas del país pidiendo que todo el mundo termine encerrado en sus casas, no resuelve el problema de fondo”, afirmó la senadora.
Para los expertos, poner fin a la inseguridad implica el combate al crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y la corrupción; así como la modernización de la policía.
Pasa también por un trabajo conjunto con los demás países de la región, según lo declaró esta semana el presidente Boric durante la visita oficial a Chile de su par argentino, Alberto Fernández.
“Hoy día las bandas del crimen organizado no respetan fronteras y por lo tanto, es tremendamente relevante que los Estados las combatan, las enfrenten y encarcelen, y eso es lo que estamos haciendo de conjunto con nuestros hermanos argentinos”, dijo el mandatario. (Agencia Prensa Latina).