La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de Chile condenó hoy declaraciones del funcionario gubernamental Patricio Fernández, quien de manera tácita se negó a condenar el golpe de Estado contra Salvador Allende
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En una entrevista con Radio Universidad, Fernández dijo respecto a la asonada militar: “los historiadores y politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso”, y agregó, “lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables”.
Diversos sectores políticos y organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura interpretaron estas palabras como la intención de separar la interrupción violenta del gobierno democrático de Allende, de sus posteriores consecuencias.
Fernández es precisamente el principal asesor en el Gobierno de los actos conmemorativos por el 50 aniversario del 11 de septiembre de 1973, lo cual generó mayor malestar ante sus declaraciones.
La AFEP aseguró en un comunicado que el golpe y la dictadura militar son expresiones inseparables por su carácter antidemocrático y su vinculación con crímenes de lesa humanidad.
Es muy mala señal, dice el documento, que Patricio Fernández no condene el cuartelazo, a partir del cual se desencadenó la criminalidad más brutal conocida en el país.
Durante las últimas semanas representantes de la derecha y la extrema derecha emitieron también declaraciones negando la gravedad de los acontecimientos en este período de la historia moderna chilena.
Frases como “sin Allende no habría Pinochet”, o “hay que mirar hacia el futuro y quitar los ojos del retrovisor”, reflejan la intención de estos sectores de cambiar o rechazar la historia.
Al respecto, la AFEP afirmó que el golpe militar fue el medio para terminar con la democracia e imponer una institucionalidad al servicio de los intereses y privilegios de quienes ahora reivindican al dictador como un estadista.
El diputado por el Partido Comunista de Chile, Luis Cuello, expresó su preocupación porque en la conmemoración del golpe de Estado por un gobierno progresista, no es posible que se relativice este hecho.
Por su parte, la abogada especializada en temas de derechos humanos Carmen Hertz afirmó que, independiente de las opiniones diversas sobre el asunto, la asonada fue un crimen de lesa humanidad e inauguró en Chile el terrorismo de Estado. (Agencia Prensa Latina).